Gobernadores respaldan el pedido de juicio político a la Corte Suprema que impulsará Alberto Fernández
El Presidente convocó a un grupo de mandatarios provinciales para para diseñar el pedido de juicio político que impulsará contra el máximo tribunal. «Juntos por el Cambio se apropió del Poder Judicial», dijo antes del encuentro Jorge Capitanich, gobernador del Chaco. Este miércoles se elevará el pedido a la Cámara de Diputados.
El presidente Alberto Fernández se reunió este martes en Casa Rosada con un grupo de gobernadores para diseñar el pedido de juicio político que impulsará contra los cuatro jueces de la Corte Suprema.
El encuentro, que comenzó al mediodía, contó con la participación de los mandatarios provinciales Axel Kicillof (Buenos Aires), Jorge Capitanich (Chaco), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Gildo Insfrán (Formosa) y Ricardo Quintela (La Rioja).
También con la participación de los vicegobernadores Eugenio Quiroga (Santa Cruz) y Rubén Dusso (Catamarca). Los gobernadores de esas provincias, Alicia Kirchner y Raúl Jalil, se conectaron por videoconferencia.
En la reunión, que se desarrolló en el Salón Eva Perón de Casa Rosada, acompañaron a Fernández el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el ministro del Interior, Eduardo ‘Wado’ de Pedro.
Conferencia de prensa
Al finalizar el encuentro, los gobernadores ofrecieron una conferencia de prensa en la que detallaron los resultados de la reunión. «Junto a gobernadores, vicegobernadores, vicegobernadoras y gobernadoras hemos tenido una reunión con el Presidente de la República con el objetivo de propiciar la firma de un pedido de juicio político en el marco del artículo 53 de la Constitución Nacional en virtud del mal desempeño en las funciones de los cuatro jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación», dijo Capitanich, el primero en hablar.
«El Presidente, con la mayoría de gobernadores y gobernadoras, hemos propiciado esta iniciativa en virtud de una multiplicidad de hechos que pueden sintetizarse en la violación de la Ley de Ética Pública y el mal desempeño a partir de decisiones que tienen que ver con oportunamente la declaración de inconstitucionalidad de la Ley 26080 después de más de 16 años de vigencia y la restitución de la Ley 24.937».
«En ese contexto, conjuntamente con el fallo que favorece a CABA, nosotros observamos efectivamente en esta Corte Suprema, por una serie de hechos que se van a presentar oportunamente ante la opinión pública, una manifiesta parcialidad», añadió Capitanich.
Esta manifiesta parcialidad, aseguró, «significa que los fallos que hemos observado favorecen a una parcialidad política y esto pone de manifiesto uno de los problemas centrales: deben ser custodios y guardianes de la Constitución pero lo que observamos es que los argentinos y argentinas no pueden estar tranquilos en términos de salvaguarda de la vida, patrimonio, honor y libertad con miembros de la Corte que violan clara y contundentemente la Constitución y sobre todo los principios republicanos y federales de gobierno».
En ese marco, Capitanich reconoció que las provincias argentinas se sienten «damnificadas por la asignación de recursos de una manera antojadiza sin ningún tipo de fundamento alguno». En consecuencia, «consideramos que la defensa de los intereses de nuestras provincias y del federalismo es una bandera absolutamente irrenunciable porque es la base para lograr equidad e igualdad», concluyó.
El comunicado de prensa de Casa Rosada
La presentación ante Diputados
Luego tomó la palabra Kicillof, quien adelantó a los periodistas que «pronto van a tener a disposición el pedido que va a ser elevado a la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados». Dicha presentación, que «no tiene antecedentes en la historia argentina», se realizará este miércoles, anticipó el mandatario provincial.
Consultado sobre la dificultad de llevar adelante el proceso con una oposición que viene trabando el funcionamiento del Congreso, respondió: «La comisión de Juicio Político resuelve si pone en marcha o no el procedimiento. Lógicamente, será el propio transcurso de la investigación el que después irá confirmando el resultado del pleno. Si ya estuvieran todos los votos no tendríamos diputados porque serían cosas que están escritas antes. Y esto no es así, porque es un procedimiento de mucha gravedad».
«El presupuesto parecía que no se iba a aprobar y se aprobó. Por eso digo, uno no se puede adelantar a la evolución de los hechos», insistió en ese sentido.
La denuncia contra Robles
Gerardo Zamora, por su parte, se refirió al accionar judicial que algunas provincias desplegaron contra la Corte Suprema en los últimos días y la denuncia que él presentó este lunes en el Juzgado de la capital provincial contra Silvio Robles, estrecho colaborador del presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, por supuesto «tráfico de influencias e incumplimiento de los deberes de funcionario público» ante las filtraciones de chats que mostrarían un vínculo entre el Gobierno porteño y ese tribunal.
Existen «presentaciones que hemos realizado varios gobernadores que no han sido oídas ni contestadas. Creemos que esta situación se agrava muchísimo cuando se conocen los chats. Por eso la denuncia en la cabeza del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y la investigación de los demás miembros es la decisión de varios gobernadores», explicó.
