Ley Bases: Con varias modificaciones, buscan lograr la media sanción en la sesión del lunes

El texto tuvo cambios en la recta final, pero fue apoyado. El dictamen mayoritario recibió 61 firmas. El PRO selló su acompañamiento total, mientras que la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal adhirieron con disidencias.

El dictamen mayoritario recibió 61 firmas. El PRO selló su acompañamiento total, mientras que la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal adhirieron con disidencias. Aunque todavía quedan puntos en discusión, el oficialismo llega a la votación mejor posicionado que en la última oportunidad y espera lograr la media sanción en la sesión que convocará para el lunes a las 11.

La Coalición Cívica presentó un dictamen propio que, entre otras cosas, no incluye ninguna delegación de facultades. La socialista Mónica Fein y la bonaerense Margarita Stolbizer también firmaron un despacho alternativo. En tanto, Unión por la Patria y el Frente de Izquierda impulsaron sendos dictámenes de rechazo.

El plato fuerte de este jueves fue la eliminación del Banco Nación de las empresas a ser privatizadas, un reclamo que bajó muy fuerte desde Córdoba. En un “poroteo” hecho en las últimas horas con diputados dialoguistas, el Gobierno tuvo que admitir que no tenía los votos y cedió para no arriesgarse a una derrota en el recinto.

El caso de la entidad bancaria se había transformado en la principal objeción del gobernador cordobés Martín Llaryora, que cuenta con cinco diputados. Con esta baja, la nómina de privatizaciones pasó de las 41 empresas de la “ley ómnibus” original a solo 11, entre las que figuran Aerolíneas Argentinas y Radio y Televisión Argentina (RTA).

Por otra parte, el dictamen incorporó finalmente el capítulo de reforma laboral, que este miércoles había estancado las negociaciones. Allí también hubo una poda: de los casi 60 artículos que quería sumar el Poder Ejecutivo, terminó incluyendo solo unos 15 puntos tras un reclamo del jefe de Hacemos Coalición Federal, Miguel Pichetto.

En la bancada “pichettista”, las firmas en disidencia fueron de los cordobeses Ignacio García Aresca, Juan Brügge y Oscar Agost Carreño, y el bonaerense Nicolás Massot. Una de las objeciones fue para garantizar, vía Fondo de Garantía de Sustentabilidad, la recomposición de los haberes previsionales en un 8%, el pago de sentencias firmes a jubilados y el flujo automático a las cajas previsionales no transferidas y armonizadas. El apartado referido a la venta de acciones del FGS fue eliminado en el dictamen.

Otra disidencia de Hacemos Coalición Federal fue para agregar al Instituto del Teatro, el Instituto de la Música y el Inti al listado de organismos que el Ejecutivo no podrá disolver.

Asimismo, tanto el bloque de Pichetto como la UCR e Innovación Federal pidieron incorporar el capítulo tabacalero, para igualar la carga impositiva de las empresas del sector e impedir la “competencia desleal” de una de ellas, Tabacalera Sarandí. “Las reglas claras deben ser para todos. El poder político está para equilibrar, no para ceder ante un lobby puntual”, sostuvo el radicalismo.

La reforma laboral

En la reforma final no figura la eliminación de las cuotas solidarias a sindicatos, que significaba un golpe a su recaudación. El radicalismo insiste con incluir el tema y lo planteó como una disidencia. “Los trabajadores deben ser los verdaderos destinatarios de la protección sindical en vez de ser fuentes de recurso y financiamiento”, planteó la UCR en el documento presentado en las comisiones.

Entre los puntos que sí quedaron, se eliminan definitivamente las multas por trabajo no registrado con el fin de alentar la contratación en relación de dependencia. El período de prueba tendrá seis meses de vigencia, pero las convenciones colectivas de trabajo podrán ampliar ese período hasta ocho meses en las empresas de seis y hasta 100 trabajadores, y hasta un año en las empresas de hasta cinco trabajadores.

Por otra parte, mediante convenio colectivo de trabajo, las partes podrán sustituir el régimen indemnizatorio tradicional por un fondo o sistema de cese laboral, cuyo costo estará siempre a cargo del empleador, con un aporte mensual que no podrá ser superior al 8% de la remuneración computable. Los empleadores también podrán optar por contratar un sistema privado a su costo, a fin de solventar la indemnización.