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La Provincia de La Pampa ha redoblado su reclamo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la deuda que mantiene el Estado Nacional en concepto de fondos previsionales. La Fiscal de Estado, Romina Schmidt, confirmó a INFOPICO.COM la presentación de dos nuevos escritos judiciales: uno para reiterar la solicitud de una audiencia de conciliación entre las partes y otro para urgir una resolución sobre una medida cautelar pendiente.“Son dos escritos: uno en el juicio principal donde volvemos a pedir que citen a audiencia entre las partes y uno en el incidente donde tramita la medida cautelar donde volvemos a pedir que se resuelva con carácter urgente”, manifestó la funcionaria provincial.El primer escrito, caratulado “LA PAMPA, PROVINCIA DE C/ ESTADO NACIONAL Y OTRO S/COBRO DE PESOS E INCONSTITUCIONALIDAD” (Expte. N° 596/2024), reitera un pedido de convocatoria a audiencia de conciliación originalmente formulado el 8 de octubre de 2024 y que, según la Fiscalía, aún no ha sido proveído. En esta nueva presentación, La Pampa subraya la “naturaleza del presente proceso y la índole de los intereses comprometidos”, que involucran directamente la sustentabilidad del sistema previsional pampeano y derechos de jerarquía constitucional.El Gobierno pampeano busca con esta audiencia explorar “alternativas que permitan alcanzar una solución armoniosa y consensuada al diferendo planteado”, en un marco de buena fe procesal y cooperación institucional. Para reforzar su pedido, el escrito cita un antecedente clave: el convenio de financiamiento celebrado el pasado 14 de mayo de 2025 entre el Estado Nacional y la Provincia de Córdoba (CSJ968/2023), en el marco de una audiencia de conciliación convocada por el mismo Tribunal en un caso de características “sustancialmente análogas”.La Pampa argumenta que este acuerdo con Córdoba “demuestra no sólo la viabilidad práctica de una solución consensuada, sino asimismo la verosimilitud del derecho reclamado”. En este sentido, la provincia exige “en condiciones de absoluta equidad con otras jurisdicciones, el mismo tratamiento que este Alto Tribunal ha dispensado recientemente a la Provincia de Córdoba”. Se sostiene que la demora en convocar a una audiencia para La Pampa constituye una “discriminación por omisión o demora institucional” y que la situación “crítica y desesperante” del sistema previsional pampeano exige una respuesta urgente.Paralelamente, en el “INCIDENTE N° 1 – ACTOR: LA PAMPA, PROVINCIA DE DEMANDADO: ESTADO NACIONAL Y OTRO S/INCIDENTE DE MEDIDA CAUTELAR” (Expte. N° 596/2024/1), la Fiscalía de Estado solicita que se resuelva con carácter urgente la medida cautelar. Se argumenta un “agravamiento de la situación financiera del sistema previsional provincial” y se vuelve a citar el acuerdo con Córdoba como un “hecho nuevo de público conocimiento que refuerza la verosimilitud del derecho invocado”.En este segundo escrito, La Pampa denuncia una “conducta discriminatoria por parte del Estado Nacional, que reconoce sus compromisos con una provincia mientras los niega injustificadamente a otra en idéntica situación jurídica”. Se advierte que la falta de transferencia de fondos adeudados “compromete severamente la sostenibilidad del sistema previsional pampeano, cuyos déficits son afrontados íntegramente con recursos provinciales”, erosionando las finanzas provinciales y generando un “perjuicio creciente y de imposible reparación ulterior”.Ambas presentaciones buscan una intervención activa y célere de la Corte Suprema para proteger la autonomía financiera de La Pampa y garantizar la sustentabilidad de su sistema previsional, del cual dependen miles de beneficiarios pampeanos.
