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Un conjunto de clínicas, sanatorios y hospitales privados de las provincias de La Pampa, Chubut, Río Negro y Neuquén elevaron este miércoles una nota formal al director ejecutivo del PAMI, Dr. Esteban Leguizamo, describiendo una situación de extrema gravedad financiera. Las instituciones advirtieron que, de no recibir una respuesta inmediata respecto a la deuda y la actualización de aranceles, se verán obligadas a suspender prestaciones a partir del próximo 10 de febrero.Una situación económica “sumamente crítica”
En la misiva enviada a las autoridades nacionales, los prestadores patagónicos señalaron que la situación económico-financiera de las instituciones es “sumamente crítica”. Según explicaron, este escenario es consecuencia directa de una “depreciación sostenida de los valores arancelarios” y un marcado atraso en los pagos, problemática que se ha agudizado considerablemente durante los últimos dos meses.El impacto de estos retrasos es determinante para la subsistencia de las clínicas, dado que la participación del PAMI en los ingresos totales de estas instituciones representa, en promedio, el 40%. En un contexto de estructuras económicas ajustadas, las autoridades sanitarias remarcaron que “cualquier demora en los pagos genera desequilibrios de muy difícil resolución”.Riesgo en el pago de salariosUno de los puntos más alarmantes destacados en el comunicado es la dificultad para afrontar las obligaciones laborales. Las clínicas dependen del cobro de la facturación de los módulos de Nivel II y III para pagar los salarios de su personal, los cuales históricamente se abonan el último día hábil de cada mes.El corrimiento de las fechas de pago por parte de la obra social implica, en muchos casos, “la imposibilidad material de abonar los haberes”, lo que conlleva graves consecuencias para la operatividad diaria de los prestadores. A esto se suma un atraso de un mes en el pago de las prestaciones ambulatorias y una pérdida del valor real de los módulos frente a la inflación.Ultimátum: suspensión progresiva de serviciosAnte la falta de respuestas, las instituciones de salud han fijado una fecha límite. Si no se regulariza la deuda ni se obtienen respuestas concretas, la limitación de servicios comenzará el día 10 del corriente mes.La medida se instrumentará de forma progresiva, iniciando con la suspensión de “prestaciones ambulatorias y programadas”, con el objetivo de preservar, mientras sea posible, la atención de urgencias. Los prestadores aclararon que estas acciones no son medidas de fuerza gremial ni responden a una voluntad deliberada, sino que son la “consecuencia inevitable” de la imposibilidad de sostener los costos operativos únicamente con el esfuerzo de las empresas.
De persistir el silencio oficial, advirtieron que “la suspensión total de las prestaciones se tornará inevitable”, generando un perjuicio directo para los jubilados y pensionados de la región.Los reclamos puntuales y las instituciones pampeanasPara evitar el corte de servicios, los prestadores exigen tres puntos fundamentales:La regularización inmediata de la deuda existente.Una reunión urgente para consensuar soluciones que garanticen la sustentabilidad.La reactivación de una “mesa técnica” de trabajo para adecuar los aranceles.Entre los firmantes de la provincia de La Pampa que acompañan este reclamo se encuentran el Sanatorio Santa Rosa, la Clínica Argentina, la Clínica Modelo y la Clínica Regional. Estas instituciones se suman a una larga lista de prestadores de Río Negro, Neuquén y Chubut que esperan una pronta respuesta para evitar que la situación “escape a todo control”.
