RADIO LLANURA
Related Articles
El juez de control de General Acha, Diego Ariel Asin, rubricó dos sentencias condenatorias tras la presentación de acuerdos de juicio abreviado. En uno de los fallos, un productor agropecuario recibió una pena por amenazar con un arma a un agente del Senasa, mientras que en el otro expediente, un hombre fue condenado por lesiones graves en perjuicio de su expareja.En el primer caso, el hecho tuvo lugar en un establecimiento rural de Alpachiri. Hasta allí se dirigieron tres profesionales del Senasa para realizar tareas de vacunación. Al notar su presencia, el dueño del campo, identificado como Darío Ariel Girbal de 62 años, amenazó al supervisor manifestando que lo “cagaría matando”, al tiempo que exhibía un arma de fuego larga colgada en su espalda. Ante la intimidación, el equipo se retiró del lugar sin concretar sus labores.
El imputado fue interceptado tres semanas más tarde en su campo con una carabina Magnum sin la documentación legal necesaria. Tras reconocer la autoría de las amenazas agravadas, se acordó una pena de un año de prisión de ejecución condicional y la obligación de realizar 120 horas de trabajos comunitarios para la Municipalidad de Alpachiri, además de cumplir reglas de conducta por dos años.La segunda condena recayó sobre Jorge Luis Caceres, de 63 años, quien recibió tres años de prisión en suspenso por lesiones graves calificadas por el vínculo y desobediencia judicial. La agresión ocurrió en las afueras de Ataliva Roca, cuando el hombre intentó revisar las redes sociales de su expareja y, al no lograrlo por falta de conexión a internet, se ofuscó, la tomó del cabello y la arrojó al suelo.Como consecuencia del ataque, la víctima sufrió una fractura en el brazo derecho. El agresor la trasladó al hospital Favaloro en Santa Rosa, donde la dejó tras advertirle que pensara “qué pasaría después” si decidía denunciarlo. Días después, el sistema de monitoreo de dispositivos duales reportó que Caceres violó la restricción de acercamiento al ubicarse a menos de 100 metros del domicilio de la mujer.
El magistrado señaló en la resolución que la víctima padecía situaciones de violencia física y psicológica desde meses antes de la denuncia. Al no registrar antecedentes, el condenado deberá cumplir reglas de conducta durante dos años, que incluyen fijar residencia, someterse al cuidado del Ente de Políticas Socializadoras, abstenerse de contacto con la damnificada y realizar tratamiento psicológico.
