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El Superior Tribunal de Justicia falló a favor de la Fiscalía de Estado y revocó el reintegro del cabo M. M. L.. El máximo tribunal determinó que el Jefe de Policía de ese momento, Daniel Guinchinau, usurpó funciones exclusivas del Gobernador y pasó por alto la falta de aptos psicológicos en un agente con un historial conflictivo.Un fallo del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de La Pampa dejó al descubierto una grave desprolijidad institucional dentro de la Policía provincial. La Sala C, integrada por los magistrados María Verónica Campo y José Roberto Sappa, anuló la disposición que había devuelto el uniforme y el arma al cabo MML, al concluir que su reincorporación fue un acto de “nulidad absoluta” firmado por un funcionario incompetente para esa tarea.
El insólito caso comenzó en octubre de 2021, cuando MML pidió la baja voluntaria de la fuerza por motivos personales. El trámite siguió su curso normal hasta que, a mediados de 2022, el Poder Ejecutivo provincial formalizó su salida mediante un decreto. Sin embargo, en un giro administrativo incomprensible, el Jefe de Policía dictó en enero de 2023 la Designación 1/23 “J”, reincorporando al agente al servicio activo como si nada hubiera pasado y sin consultar al Gobernador, el único funcionario con potestad constitucional para dar altas y bajas en la administración pública una vez perdido el estado policial.Sin vacante y con antecedentes polémicosDurante el juicio impulsado por la Fiscalía de Estado, salieron a la luz detalles alarmantes sobre el reintegro del cabo. Según el expediente, la Jefatura policial le devolvió su cargo sin que existiera una vacante formalmente autorizada por el Ministerio de Hacienda y, lo que es más grave, omitiendo la exigencia legal de un examen psicológico apto.Este último dato no es menor: la propia Fiscalía advirtió que el historial de MML en la fuerza incluía carpetas médicas por un “cuadro de estrés laboral agudo”, una denuncia por violencia de género y un sumario por presunta agresión a un compañero. Pese a estas alertas documentadas y a la falta de autorización del Gobernador, el alto mando policial avanzó con el nombramiento.
En su defensa, MML intentó sostener que el error fue exclusivamente de la Administración, que él continuó trabajando de buena fe, y que el tiempo legal para revocar su cargo ya había caducado. No obstante, los jueces Campo y Sappa fueron categóricos: determinaron que el acto del Jefe de Policía representó una violación manifiesta al principio de legalidad. Al carecer el Jefe de la competencia jerárquica necesaria, la reincorporación fue declarada de nulidad absoluta e imprescriptible, devolviendo las cosas a su estado anterior y dejando al agente fuera de las filas policiales.
