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El Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos de La Pampa expresó su “repudio, preocupación y desacuerdo” frente a las narrativas que afirman la existencia de una supuesta “masividad de falsas denuncias” de abuso. La cartera provincial manifestó su rechazo a los proyectos de ley que buscan agravar las penas para esta figura, especialmente en casos de violencia de género y delitos contra la integridad sexual de niños, niñas y adolescentes.Desde el organismo pampeano señalaron que la iniciativa que avanza en el Senado de la Nación se alinea con políticas regresivas del Gobierno nacional. “Este Proyecto de Ley es congruente con una serie de políticas regresivas llevadas adelante por el Gobierno nacional, con la finalidad de profundizar el recorte de derechos y deben comprenderse en el marco de un deterioro sostenido de las políticas públicas orientadas a la niñez y la adolescencia y el debilitamiento de los dispositivos institucionales encargados de garantizar el pleno ejercicio de sus derechos”, indicaron.
El Ministerio advirtió que estos discursos, que consideran “carentes de sustento en la evidencia disponible”, pueden tener efectos negativos en la protección de derechos. “La instalación de la idea de una supuesta generalización de denuncias falsas no solo debilita la confianza en quienes denuncian, sino que además configura un escenario que puede desalentar la búsqueda de ayuda y obstaculizar el acceso a la justicia de personas en situación de vulnerabilidad. Lejos de fortalecer las respuestas institucionales, estos enfoques contribuyen a profundizar el silencio, el temor y el aislamiento de las víctimas”, agregaron.En su comunicado, la cartera recordó la gravedad del abuso sexual infantil, subrayando que ocurre en contextos de poder desigual y, a menudo, dentro del círculo familiar o de confianza. “La evidencia disponible muestra que la gran mayoría de los agresores pertenecen al círculo cercano de las víctimas, lo que complejiza los procesos de denuncia y exige respuestas institucionales especialmente cuidadosas, sostenidas y especializadas”, sostuvieron.Asimismo, se alertó sobre el impacto que podría generar la judicialización y el cuestionamiento a los profesionales que intervienen en estos casos, como los equipos técnicos y de salud mental. Consideran que su deslegitimación “debilita dispositivos fundamentales para la escucha, la detección y la protección de niñas, niños y adolescentes”. Por ello, manifestaron preocupación por el efecto que estas iniciativas pueden tener en la disposición de las víctimas a denunciar y en el accionar de los equipos profesionales.
Finalmente, el Ministerio reafirmó su compromiso con el fortalecimiento de políticas públicas que garanticen la protección integral de la niñez, el acceso a la justicia, la capacitación de equipos y un acompañamiento especializado y libre de violencia institucional. “Proteger a las infancias no es solo intervenir cuando el daño ya ocurrió: es también garantizar condiciones sociales, institucionales y culturales para que puedan ser escuchadas, creídas y acompañadas, sin temor ni obstáculos”, concluyeron.
