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En un marco de búsqueda de consensos para actualizar normativas que han quedado desfasadas, la Legislatura de La Pampa conformó un plenario de comisiones para tratar modificaciones a la ley de normas para el fraccionamiento de predios rurales. El encuentro reunió a legisladores y referentes del sector agropecuario, quienes expusieron las problemáticas actuales que enfrentan las familias productoras de la provincia a la hora de dividir sus tierras.El plenario estuvo integrado por las comisiones de Asuntos Agrarios, Hacienda y Presupuesto, y Legislación General, presididas por las y los legisladores Andrea Valderrama, Daniel Lovera y Laura Trapaglia. Para enriquecer el debate y conocer la realidad del campo pampeano, fueron convocados representantes clave como Claudia Picco (Colegio de Escribanos), Rodrigo Bajo y Guillermo Arheix (Colegio de Agrimensores), Ulises Forte (Federación Agraria Argentina), Ignacio De La Iglesia (Asociación Agrícola Ganadera) y Pedro Goyeneche (Colegio de Ingenieros Agrónomos).El reclamo por la actualización normativa y el desarraigoDurante el tratamiento, el presidente del Colegio de Agrimensores, Rodrigo Bajo, expresó el total acompañamiento de su sector a la iniciativa. “Apoyamos el cambio de esta ley en un marco que ya es de vieja data y no se amolda a la realidad”, aseguró. Bajo explicó que a diario reciben en el Colegio consultas de condóminos, hermanos y herederos que desean dividir las parcelas y se topan con trabas legales que les impiden avanzar.El agrimensor advirtió que esto genera un impacto social altamente negativo para la provincia: “esa gente que por ahí es coprovinciana nuestra termina vendiendo su campo, que es una herencia familiar, desarraigándose”. A menudo, alertó, al tener que malvender, estas grandes extensiones terminan en manos de compradores de fuera de La Pampa.
Por su parte, el diputado Ortiz argumentó que la realidad productiva y familiar ya no es la misma de hace medio siglo. Su propuesta apunta a suspender la aplicación de la ley actual, tomando como referencia una normativa vigente en la provincia de Santa Fe que logró amplio consenso. “La idea es que se termine resolviendo en cinco, diez o dos años, pero que durante ese trayecto se arme un observatorio”, indicó Ortiz. Este ente se encargaría de monitorear la situación y redefinir qué constituye una unidad económica viable para La Pampa.Rentabilidad, conflictos familiares y el riesgo de los “parches”Ulises Forte, histórico dirigente de la Federación Agraria Argentina, aportó la mirada desde las bases productivas, señalando que los problemas de tenencia derivan en graves conflictos intrafamiliares y trabas financieras. “Si terminamos todos los primos peleados por Navidad, ¿quién va a firmar solidariamente la hipoteca del campo o del condominio?”, ilustró con crudeza.Además, Forte fue claro al advertir que fragmentar la tierra no multiplicará la cantidad de productores pampeanos: “no piensen que porque hay 200 hectáreas se parta en cuatro; no va a haber cuatro productores nuevos, con 50 hectáreas no se va a sobrevivir”.
Finalmente, el titular del Colegio de Ingenieros Agrónomos, Pedro Goyeneche, pidió no apresurar el debate y catalogó a las propuestas de suspensión temporal como un parche. Goyeneche graficó el problema estructural con una frase contundente: “las familias crecen mucho más rápido que los campos”.En sintonía con Forte, el ingeniero advirtió que el fraccionamiento sin límites terminará generando, paradójicamente, una mayor concentración de la tierra. “Si alguien tiene 500 hectáreas y pasan a ser seis o siete fracciones de 70 u 80 hectáreas, eso es imposible que sea sustentable; se te va entre las manos esa idea porque no tenés posibilidad económica”, concluyó, marcando la necesidad de continuar con un análisis profundo sobre la sustentabilidad de las chacras pampeanas.
