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El Gobierno de la provincia de La Pampa intervino para garantizar la cobertura de salud de los trabajadores del Servicio Penitenciario Federal y sus familias, ante la interrupción total de las prestaciones de su obra social. En simultáneo, y frente a la falta de respuestas del Estado Nacional, la Provincia intimó a la entidad por una deuda acumulada que asciende a $159.958.633, informando que el último pago registrado data de diciembre de 2025.El subsecretario de Salud, Gustavo Vera, criticó el accionar del Gobierno Nacional, del cual depende la obra social, y defendió la decisión provincial de asegurar la atención médica. “Nuestra prioridad absoluta, como marca el gobernador Sergio Ziliotto, es la salud de las y los pampeanos. Estamos trabajando con la Diputada provincial Patricia George quien también se sensibilizó con esta situación. Ante el corte de la obra social y el desamparo por parte de las autoridades nacionales, una decisión que dejó totalmente desprotegidos a los trabajadores del Servicio Penitenciario y de otras fuerzas federales, la provincia intervino oportunamente para garantizarles la atención”, afirmó Vera.
El funcionario detalló que la problemática se extiende a otras entidades como la ex IOSFA y la obra social de la Policía Federal, que también tienen interrumpida su cobertura en el subsector privado. Respecto a la deuda del Servicio Penitenciario, Vera explicó las acciones legales iniciadas: “Ya enviamos una carta documento a la obra social intimando el pago de la suma adeudada. Se les otorgó un plazo perentorio de 10 días para que abonen a la Dirección General de Prestaciones el monto adeudado, más los intereses correspondientes hasta el pago íntegro, bajo apercibimiento de iniciar acciones legales”. Aclaró además que la deuda corresponde a servicios médicos ya brindados por el Ministerio de Salud pampeano a los afiliados.Vera advirtió que esta situación no solo sobrecarga el sistema de salud público, sino que también afecta gravemente al sector privado. “Ante la falta de pago de las prestaciones y el corte de la cobertura, clínicas, sanatorios y profesionales se ven gravemente perjudicados en sus circuitos económicos, lo que pone en riesgo el empleo local, los salarios y la compra de insumos médicos”, señaló.El subsecretario también se refirió al desfinanciamiento del Programa Incluir Salud, dependiente de la Secretaría Nacional de Discapacidad, que asiste a personas con Pensiones No Contributivas. “En La Pampa, el programa alcanza a 6.472 afiliados y mantiene una deuda con el Ministerio de Salud provincial de $42.156.077,80”, precisó.
Para ilustrar la magnitud del desajuste financiero, Vera indicó que “solo en marzo de 2026, la provincia debió destinar más de $320 millones para cubrir las prestaciones de estos beneficiarios, mientras que por parte del programa ingresaron apenas $8 millones. La provincia garantizó prestaciones, 40 veces más de lo que pagó Nación. La suma de estas acciones no solo refleja demoras en los pagos, sino también un financiamiento claramente insuficiente para las coberturas que necesitan los usuarios”.Finalmente, el funcionario apuntó contra lo que denominó el “doble discurso” del Gobierno Nacional. “El gobierno nacional dice que fomenta la actividad privada, pero, al cortar los servicios de estas obras sociales, las cuales en última instancia depende de ellos, asfixian a las clínicas y sanatorios locales. Al mismo tiempo, perjudican las arcas provinciales porque la Provincia es quien se hace cargo de lo que le corresponde a Nación”, denunció.“Hablan de liberalismo, pero en la práctica esto es simplemente desfinanciamiento y desentendimiento. Nosotros no creemos en posturas extremas, sino en un Estado eficiente que trabaje codo a codo con el subsector privado para garantizar la atención de los pacientes. Vamos a seguir garantizando el servicio, pero exigiendo que Nación pague lo que le debe a la provincia y a las empresas de salud locales, a las que siempre vamos a cuidar”, concluyó Vera.
