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El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, ha intimado al Ministerio de Economía de la Nación a que anule la Resolución 1085/25, que transforma ilegalmente fondos de fideicomisos disueltos en recursos de libre disponibilidad del Tesoro Nacional. Ziliotto advirtió que de no hacerlo, iniciará las acciones legales pertinentes por abuso de autoridad, en clara contraposición al Código Civil y Comercial y excediendo las facultades establecidas en la Ley Bases.Según la intimación del gobernador, todas las provincias, incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, son destinatarias de los recursos que integran diversos fideicomisos. Sin embargo, el Gobierno nacional busca redirigir estos fondos al Estado federal, desconociendo su verdadero destino. La resolución en cuestión se considera un abuso de autoridad que intenta legalizar un desvío de fondos públicos, ya que los remanentes de los fideicomisos no son propiedad del Ministerio de Economía.La intimación especifica que la resolución fue emitida sin competencia y que implica el desvío de fondos jurisdiccionales sin causa, además de cambiar la naturaleza jurídica de los recursos destinados a las provincias. En este sentido, Ziliotto señala que la extinción de un fideicomiso debe regirse por el Código Civil y Comercial argentino, y que las decisiones tomadas por el Ministerio de Economía quebrantan la ley 27.742, al exceder las facultades otorgadas.Asimismo, el gobernador expresa que la Resolución 1085/2025 es nula de nulidad absoluta por haber sido emitida sin uno de los elementos esenciales del acto administrativo –competencia–, y por incurrir en una desviación de fondos públicos. Ziliotto hace hincapié en que esta situación genera un daño trascendental a la provincia, afectando directamente su desarrollo territorial.En conclusión, el gobernador de La Pampa intimó a que se derogue la resolución y advierte sobre la posibilidad de iniciar acciones legales si no se cesan de inmediato los efectos de la misma. La situación resalta la tensión entre las provincias y el Gobierno nacional en relación con la gestión de los recursos públicos y el respeto a las normativas vigentes.
