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Bonino expresó que la preocupación no se limita a estos casos puntuales, sino que se extiende al “deterioro de los vínculos familiares y comunitarios en los últimos tiempos”, y cómo esto repercute directamente en niños y adolescentes. Señaló que el contexto de crisis económica y social, sumado a un escenario nacional donde “la violencia está validada, está institucionalizada”, agrava la situación.Respecto a los casos específicos, el Secretario detalló que, si bien son distintos, ambos se insertan en este complejo entramado social. Uno involucra a una beba de ocho meses que fue amamantada y por esa vía se le detectó cocaína en sangre. El otro, ocurrido en General Pico, apunta a una “absoluta negligencia” de padres consumidores que habrían dejado la sustancia al alcance de su hija de dos años.Acción inmediata del Estado y desafíos en la protección de la niñezCuando este tipo de situaciones son detectadas, generalmente en los hospitales, se activa un protocolo que involucra a la justicia y a los organismos de protección. Estos últimos son los encargados de evaluar la situación familiar y determinar si es necesaria una medida excepcional para resguardar al menor, o si puede quedar bajo el cuidado de algún familiar provisoriamente.Bonino lamentó que no se pueda llegar a una conclusión simple ante la complejidad del problema. En su análisis, se observa un “aumento del consumo” y del “narcomenudeo”, así como la aparición de “grupos familiares complejos que encuentran en la droga, en el consumo y en la venta de droga, una salida económica”. A esto se suma, según el funcionario, una “negligencia en las pautas de crianza” por parte de algunos padres, que se traduce en niños y adolescentes que “se manejan absolutamente solos, que no hay nadie que les ponga un límite”.El Secretario también hizo hincapié en el “corrimiento” o desinterés del gobierno nacional en las políticas de niñez y adolescencia, lo que dificulta aún más la labor provincial. “Es muy difícil trabajar y defender los derechos de los pibes y de las pibas en un contexto social en el que pareciera ser que a nadie le importa el otro”, enfatizó, haciendo un llamado a la responsabilidad social, ya que “el Estado no puede poner un profesional en cada casa o en cada barrio”.“Frente a un gobierno nacional al que no le importan ni los pibes, ni los viejos, ni los discapacitados, nosotros tenemos una provincia que sigue apostando a garantizarles sus derechos”, concluyó Juan Pablo Bonino, reafirmando la necesidad de que los niños sean reconocidos como sujetos de derecho, con acceso a una vida digna, un ambiente saludable, juego y educación.Medidas de resguardo y el “Derecho a tener Derechos”Ante la vulneración de derechos, la primera medida es el resguardo del niño o niña, lo que implica apartarlo provisoriamente de su grupo familiar de origen. Se evalúa la posibilidad de que algún familiar ampliado (tío, abuelo, hermano mayor) pueda hacerse cargo. Si no hay recursos familiares saludables, el Estado asume directamente la guarda.Bonino explicó que, aunque se tomen medidas excepcionales, la obligación primaria es “trabajar con la familia de origen para evitar o para que en un futuro puedan cuidar a esta niña o a este niño con responsabilidad y en un marco sano”. Sin embargo, reconoció que “a veces se logra y a veces no”, y que si la recuperación no es posible, el menor podría ser declarado en situación de adoptabilidad.Consultado sobre la frecuencia de estos casos, Bonino indicó que, si bien estos dos ocurrieron en un lapso corto y generaron alarma, no es una problemática que se dé todos los meses. “No han sido muchas las situaciones, pero sí, por supuesto, nos alarma que en un tan breve periodo de tiempo hayan ocurrido dos situaciones similares”, afirmó.Finalmente, en el marco de la cercanía del Día del Niño, el Secretario se refirió al compromiso provincial con la infancia. Recordó que septiembre es, por ley, el Mes de los Derechos de Promoción y Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en La Pampa. El lema de la campaña de este año es “Derecho a tener Derechos”.
