RADIO LLANURA
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En el marco de la inauguración de la exposición rural, el presidente de la Sociedad Rural de General Pico, Carlos Matilla, pronunció un discurso que no dejó indiferente a nadie, marcando un claro contraste entre las críticas generalizadas a la gestión provincial y estatal, y un sorpresivo y contundente elogio a la administración municipal de la intendenta Fernanda Alonso.En un discurso cargado de reclamos, Matilla se convirtió en la voz de un sector productivo que se siente agobiado. Sin embargo, en medio de las críticas, la gestión de General Pico emergió como una excepción notable, convirtiendo a Alonso en una de las pocas funcionarias, a nivel local y provincial, en recibir una mención positiva.El elogio: General Pico como “ejemplo a seguir”El respaldo a la gestión local llegó al abordar uno de los temas más sensibles para el campo: el mantenimiento de los caminos rurales. Matilla fue categórico al denunciar que el sector contribuye económicamente “mucho más de lo que los municipios y provincias luego asignan” a esta tarea fundamental.Fue en este punto donde introdujo la excepción que confirma la regla. “Sin embargo, también debemos reconocer que hay municipios que han conseguido mantener su red de carreteras en buena condición. El de General Pico, por ejemplo. Y creo que Quemú Quemú también“, afirmó el presidente de la Rural.Esta declaración, aunque breve, resonó con fuerza en el auditorio. No fue un simple cumplido, sino que fue presentada como la prueba de que “cuando los recursos son alocados correctamente, es posible mantener carreteras pasables todo el año”. De esta manera, el discurso no solo validó el trabajo del equipo de Alonso, sino que lo utilizó como un estándar para exigir un cambio de rumbo a las demás administraciones.Los reclamos: duras críticas al Gobierno Provincial y al “estado obstáculo”El tono positivo hacia la gestión piquense contrastó fuertemente con la severidad de las críticas dirigidas al Gobierno Provincial. El punto más álgido fue el rechazo a la nueva ley de plaguicidas. Matilla la describió como una normativa que, “lejos de ayudar a producir, realmente nos da daño”, y que impone “demandas imposibles de cumplir” que amenazan con “arruinar económicamente a muchos productores”. Acusó a la provincia de seguir adelante con la ley “a pesar de nuestros avisos”.El descontento se extendió a una visión más amplia del rol del Estado, al que el sector percibe más “como un obstáculo que como un aliado“. Se criticaron mecanismos de recaudación “excesivos, injustos y arbitrarios” y una carga burocrática que, en lugar de apoyar, “termina puniendo” al productor.Incluso el Gobierno Nacional, que fue elogiado por su “voluntad política para mantener la superioridad fiscal”, no se salvó de los reclamos, ya que se le exigió la reducción inmediata de las retenciones a la exportación.
