RADIO LLANURA
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En la mañana de este miércoles, familiares de personas con discapacidad, junto a representantes de la Asociación APAP y la Fundación “De Tu Mano”, se concentraron frente al palacio municipal de General Pico para visibilizar una situación crítica: la falta de pago por parte del programa nacional Incluir Salud. El conflicto, que arrastra deudas desde noviembre de 2025, pone en riesgo inminente la continuidad de las prestaciones educativas y terapéuticas de 22 chicos de la ciudad a partir de este próximo 1 de mayo.Bajo el lema “Continúan en Emergencia”, la movilización buscó alertar sobre el impacto integral que esta parálisis administrativa tiene en el funcionamiento de los centros de día, afectando no solo la educación de los concurrentes, sino también el pago de salarios de los equipos de trabajo y la contención general de las familias.El reclamo en la municipalidad y la respuesta oficialDurante la manifestación, los padres entregaron un petitorio formal firmado por las 22 familias afectadas. Fueron recibidos por el secretario de Gobierno del municipio, Nicolás Mendoza, quien se comprometió a elevar la nota a la intendenta local una vez que regrese de sus gestiones en Santa Rosa.En diálogo con los presentes, Mendoza aseguró el acompañamiento de la gestión local frente a la problemática. “Como bien saben ustedes, esto no depende por competencia del municipio, pero nosotros vamos a tomar este reclamo, lo vamos a hacer propio y vamos a ir a las instancias que correspondan a pelear por los 22 chicos”, manifestó el funcionario. Además, destacó el contacto permanente con las instituciones: “Saben que siempre los estamos apoyando y acompañando en la medida de nuestras posibilidades. Vamos a hacer lo posible”.La angustia de las familias y el ultimátum del 1 de mayoEl escenario económico para sostener las prestaciones de manera privada es inviable. Según detallaron las familias a INFOPICO, el costo mensual del servicio asciende a aproximadamente 960 mil pesos por niño. “Es imposible, no hay manera de sostenerlo”, expresaron con profunda preocupación.El ultimátum es claro: la continuidad del servicio está garantizada solo hasta este 30 de abril. Desde las instituciones advirtieron que, si los fondos no ingresan, se suspenderán las actividades. “Entendemos a las instituciones porque hay costos, hay profesionales que trabajan para nuestros hijos, y necesitan que les paguen por su labor. Si eso no está sucediendo, obviamente van a recortar”, explicaron los padres, demostrando empatía con la situación de los trabajadores.
El posible corte de los servicios genera un impacto emocional devastador en la rutina de los chicos. “A ellos les encanta ir, están conformes, están contentos. Yo le digo a mi hijo que no va y llora todo el día; es un desequilibrio total para él. A los chicos es imposible explicarles que hay una obra social que no paga, no lo van a comprender”, lamentó una de las madres presentes.“No nos sirve de nada que nos digan que sí y nadie se ponga en el lugar de un papá con discapacidad. Te levantás todos los días y le repetís veinte veces las cosas, es una lucha constante”, agregaron, remarcando que en 18 años de asistencia jamás habían atravesado una crisis de esta magnitud.El contexto nacional: una deuda millonaria y reordenamiento administrativoLa situación que atraviesa General Pico es un reflejo de una crisis a nivel país. Recientemente, en su informe ante la Cámara de Diputados, el Gobierno nacional reconoció que la deuda acumulada con los prestadores del sistema de discapacidad entre noviembre de 2025 y febrero de 2026 asciende a más de 69.500 millones de pesos ($69.559.120.782).El retraso en los pagos se enmarca en un proceso de “normalización” tras la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y su transferencia a la órbita del Ministerio de Salud de la Nación. Según las autoridades nacionales, la intervención detectó “circuitos administrativos fragmentados y una limitada trazabilidad del gasto”, lo que motivó un reordenamiento estructural que terminó impactando de lleno en la cadena de cobros del sector.
A nivel nacional, el número de instituciones afectadas escaló de 532 en noviembre a 770 en febrero de este año. Aunque desde el Ministerio de Salud aseguran que se avanza en una regularización progresiva y niegan recortes, el programa Incluir Salud exhibió recientemente una subejecución presupuestaria del 15,6%.Mientras en los despachos nacionales se habla de modernización de sistemas y revisión de auditorías, en las calles de General Pico el tiempo se agota. “Nos recibieron y escucharon, pero necesitamos una respuesta ya, nuestros hijos no pueden esperar más”, concluyeron las familias piquenses, a la espera de una solución urgente que evite que 22 chicos queden, literalmente, sin su lugar de pertenencia.
