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El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Pampa dictó sentencia contra una extensa organización delictiva dedicada al tráfico de drogas. La banda, que operaba entre la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Santa Rosa y la vecina localidad de Toay, era coordinada desde el interior de la Unidad 4 del Servicio Penitenciario Federal.El fallo fue rubricado este lunes 4 de mayo por el juez federal Marcos Javier Aguerrido, tras un acuerdo de juicio abreviado alcanzado entre el Ministerio Público Fiscal y las defensas. El expediente judicial dio por comprobado que los movimientos ilícitos de la banda se extendieron hasta el 30 de octubre de 2024.
De acuerdo con la investigación, el interno Víctor Manuel Purreta era el encargado principal de organizar la comercialización de los estupefacientes desde dentro de la cárcel. Purreta acordaba los precios y las cantidades con otros presidiarios, y coordinaba el ingreso de la droga al penal instruyendo a las mujeres que lo visitaban. Las indicaciones detallaban cómo acondicionar los estupefacientes para ocultarlos entre sus pertenencias o incluso en la estructura de las sillas de la sala de visitas. Posteriormente, el entramado criminal utilizaba una red de colaboradores para distribuir y vender la droga en el medio libre.Las principales condenasA través de la modalidad de juicio abreviado, la Justicia Federal impuso penas de prisión efectiva y unificó condenas previas para varios de los eslabones de la organización:Jonathan Paolo Pérez: Recibió una pena única de 17 años de prisión de efectivo cumplimiento, tras revocarse su libertad condicional.Walter Luis Alberto Hernández: Fue condenado a una pena única de 9 años y 6 meses de cárcel.Cristiniano Francisco Escobar Carrera: Se le impuso una pena única de 8 años y 8 meses de prisión de efectivo cumplimiento.Filver Manuel Chávez Factor: Recibió una pena única de 6 años y 9 meses de prisión.Por su parte, varias mujeres involucradas en la provisión, logística y comercialización al menudeo fueron condenadas a cumplir sus penas bajo la modalidad de prisión domiciliaria, con la colocación de tobilleras o dispositivos electrónicos de monitoreo:Ana Beatriz Luján, Ornella Julieta Vilte y Paola Yanina Llovio: Condenadas a la pena de 6 años de prisión.Rosana Belén Álvarez: Condenada a 4 años de prisión, pena que deberá cumplir en su domicilio de la localidad de Toay.Macarena Cindi Giménez: Condenada a 3 años de prisión.Probation y reparación económica para los hospitales pampeanosPara otros cuatro imputados que cumplían roles menores en la cadena, el tribunal concedió el beneficio de la suspensión del juicio a prueba (conocido como probation). Yago Misael Álvarez Rodríguez y Nidia Mariela Olivera obtuvieron el beneficio por el término de un año. En tanto, para Juan Martín Caballero y Sonia Yanet Yohana Santillán, el plazo de prueba fijado fue de dos años.
Como parte de las reglas de conducta y en concepto de reparación del daño causado, el juez dispuso que los beneficiados realicen aportes económicos institucionales. Caballero deberá abonar 300.000 pesos, mientras que Santillán y Olivera pagarán 100.000 pesos cada una; sumas que serán destinadas a la Asociación Civil Cooperadora del Hospital Lucio Molas de la capital pampeana. Por su parte, Álvarez Rodríguez deberá aportar 100.000 pesos a la cooperadora del Hospital René Favaloro.
